Este trabajo ofrece elementos de reflexión sobre la reforma de las políticas activas en España. La descentralización de las políticas activas entre distintos niveles de gobierno dificulta la coordinación y plantea problemas de riesgo moral que se acentúan por la falta de medios de los servicios públicos de empleo y el escaso número de evaluaciones rigurosas. Se propone, por tanto, dotar de más recursos a los servicios públicos de empleo, aunar esfuerzos entre las distintas administraciones para mejorar la información estadística existente y fomentar la cultura de evaluación de las políticas realizadas para conseguir una mayor eficiencia y una mayor participación y complicidad de los desempleados.