La victoria final de los rebeldes fascistas sobre la España republicana consolidó un régimen de terror que militares, clérigos o falangistas venían ensayando y perpetrando desde el 18 de julio de 1936; pero en realidad mera prolongación del impuesto por los bien llamados reyes católicos, desde 1474; iglesia, aliada con el trono, jugando un rol esencial en la represión ideológica y moral, acosó a los diferentes o eliminación de cualquier disidente tachándolo de bruja u homosexual; hubo sentencias peores que la hoguera o la muerte, condenas a una larga agonía, de miles de personas, quizás inocentes de los delitos de los que se les acusaba, encadenados en las galeras para que remasen hasta la extenuación o gitanos castigados a perecer trabajando en las minas de mercurio de Almadén. Y el reciente trabajo acerca de las Víctimas de la guerra civil,1 recuerda con abrumadora frecuencia el carácter de la conquista castellana de las Indias, asesinatos, torturas, violaciones, humillaciones o vejaciones para imponer el pánico y neutralizar cualquier posible resistencia a través de amedrentar a los sobrevivientes, condenados, además, a draconianas condiciones vitales o laborales rayanas en la servidumbre, allí en minas, haciendas u obrajes, acá en campos de concentración o trabajo; robo y saqueo para enriquecer al estado o a explotadores, aparato legislativo incuestionable para consolidar esta situación cruel e injusta, presentado por añadidura como benéfico y generoso.