Desde 2007 la selección de los cuerpos docentes universitarios pivota en torno a un sistema de acreditación que comporta, a través de una evaluación o juicio técnico de méritos, el reconocimiento que el candidato cumple con los requisitos de calidad exigibles para presentarse al concurso, siendo en éste último donde se determinará su idoneidad para ocupar la correspondiente plaza. En el presente artículo se analiza el marco jurídico del sistema de acreditación, cómo es llevado a cabo su control por los tribunales de justicia y cuáles son las perspectivas de reforma. El examen de la conflictividad judicial pone de relieve una evolución en la que se ha intensificado progresivamente el control judicial sobre el juicio técnico. Este control no se aplica solamente a cuestiones consideradas como meramente formales, sino también a aspectos sustanciales de la valoración. El contexto de crisis económica en que se ha aplicado el sistema de acreditación ha afectado profundamente al acceso a los cuerpos docentes universitarios. Los límites presupuestarios impuestos a las convocatorias de concursos ha dejado fuera a un gran número de acreditados. También se analizan las propuestas de reforma normativa, a nivel reglamentario, que comportan algunas modificaciones del sistema, pero no resuelven la situación de la falta de concursos para acceder a estos cuerpos docentes.