Los desequilibrios ocasionados en un determinado sistema de vivienda son potencialmente corregidos por un diseño adecuado y eficiente de la política de vivienda. El derecho a una vivienda en España viene apoyado por la Constitución y, al igual que en otros campos como la educación o la sanidad, es responsabilidad del Estado garantizar que todo ciudadano tenga acceso a la vivienda. Durante décadas, la política de vivienda en España no ha servido únicamente a este objetivo sino que ha considerado el sector inmobiliario como un elemento dinámico en el crecimiento del PIB español y ha reforzado la expansión y crecimiento del mismo, en particular en lo que concierne a la vivienda en propiedad. A partir del año 2008, la crisis económica y el colapso financiero han tenido unas consecuencias dramáticas en el sistema de vivienda español: la vulnerabilidad financiera de las familias ante la responsabilidad de asumir sus gastos en vivienda, el riesgo al desahucio, las ejecuciones hipotecarias, el número elevado de viviendas vacías y un sector inmobiliario estancado son, entre otras, las más destacadas. La política de vivienda, hoy más que nunca, debe dar respuesta a muchos de los problemas que presenta la vivienda en España: a los ya tradicionales de asegurar el acceso a una vivienda digna (no necesariamente de propiedad) se le une la urgencia de solucionar graves problemas sociales generados precisamente en este sector.