El trabajo plantea una serie de reflexiones acerca de las consecuencias y los condicionamientos que el cambio político que está viviendo nuestro país comporta respecto a la problemática de la delincuencia y de su tratamiento jurídico, que no puede ser contemplada al margen de la correlación de fuerzas que determine el proceso de desarrollo democrático. Un planteamiento «alternativo» de la cuestión sólo es posible insertando los proyectos político-criminales en un marco más amplio de «política social», tomando como base jurídica los principios constitucionales. En este contexto, al Derecho penal le incumbe una función positiva y limitada a su naturaleza de «último recurso», por lo que es preciso revisar los intereses que son objeto de su protección y las formas a través de las cuales ésta se ejerce, con un sistema sancionatorio diferenciado.