El trabajo trata de esclarecer algunas vinculaciones entre la Constitución y el Derecho penal. Tras analizar los rasgos característicos de las reformas penales en el período de transición política hasta la Constitución, en las que priman las notas de dispersión y de sujeción a la coyuntura política, estudia las funciones derivadas de la Constitución en el ámbito penal (en el campo práctico, en el de la política penal y en el doctrinal) y las del Derecho penal (protección de bienes jurídicos, inhibición de conductas, resolución de conflictos sociales, referencia al control social) y analiza en concreto algunos problemas que presenta la ponderación entre ciertas normas penales ordinarias y otras normas constitucionales explicitas o implícitas en materia de ley penal (el principio de legalidad y la admisión de la analogía in bonam partem), en la teoría del delito (afectación de bienes jurídicos, principio de culpabilidad) y en la teoría de la pena (límites de la pena, prevención especial, prevención general, función psicológico-satisfactiva y resolución de conflictos). Finalmente, se destaca la posibilidad de una dogmática progresiva en base a la Constitución y la importancia de las declaraciones fundamentales de los dos primeros párrafos del artículo 1 de la misma.