Gender violence has become a public issue, so measures have been adopted from social institutions in order to prevent and treat gender violence, such as the Spanish Comprehensive Law 1/2004, thought from a gender perspective but implemented in a mainly patriarchal institution (Berns, 2001; Cubells, Calsamiglia and Albertín, 2008, 2010), that has strategies to resist changes. So, the system hides differences existing among women victims of gender violence, since the institution creates, reproduces and maintains stereotypes about women that guide the professionals’ practices. The main effect is that the law is implemented in the same way in all cases, not attending to each woman’s particular situation. It ´s a crucial point, since ignoring their specific psychosocial situation, their resilience, their violence process and the legal process, provoke that the legal system doesn’t attend women’s needs nor the law’s goals

Que la violencia machista se haya convertido en una cuestión pública ha supuesto adoptar diferentes medidas preventivas y de tratamiento desde diferentes instancias sociales así como una ley específica para la regulación de esta problemática social. La Llei Orgànica 1/2004 está pensada desde la perspectiva de género pero se está implementando en una institución mayoritariamente patriarcal (Berns, 2001; Cubells, Calsamiglia y Albertín, 2008, 2010), que consecuentemente elabora estrategias de resistencia al cambio. Así mismo, se produce una invisibilización de las diferencias existentes entre mujeres víctimas de violencia machista, en tanto que la institución crea, perpetua y mantiene estereotipos sobre las mujeres que orientan el ejercicio profesional de los agentes implicados. El principal efecto que se deriva de ello es que se aplica una ley a todas las usuarias por igual, sin atender a las especificidades de la situación que cada mujer está viviendo. Este punto es especialmente importante porque el desconocimiento de las situaciones psicosociales específicas de las mujeres, su grado de resiliencia, las particularidades del proceso de violencia que están viviendo y el proceso jurídico-penal hacen que el sistema jurídico sea impermeable a las necesidades particulares de las mujeres que recorren al sistema, ni los objetivos de la ley