La Constitución establece un sistema ordinario para la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas basado en los siguientes elementos: Los artículos 149.1 y 148.1 contienen tanto las competencias que el Estado se reserva como los dos grandes grupos de competencias que pueden ser asumidas por las CCAA a través de sus respectivos Estatutos, según el procedimiento utilizado para la aprobación. El artículo 149.3 cierra la operación anterior de distribución, fijando la titularidad estatal de todas aquellas competencias que pudiendo haber sido asumidas por las CCAA no lo fueron.Además, una serie de principios formulados por la Constitución -solidaridad entre CCAA, igualdad de todos los españoles...- condicionan y orientan el ejercicio ds las competencias tanto del Estado como de las CCAA. Y, por último, el principio general de supremacía de la Constitución se impone a ciudadanos y poderes públicos. Dentro de este cuadro general, son los Estatutos de autonomía los que determinan en primer lugar las competencias de cada CA y del Estado. En principio, la forma de modificar la distribución de competencias es la reforma de los Estatutos, como expresamente disponen los artículos 147.3 y 148.2 de la Constitución. Pero la Constitución también prevé medios extraordinarios o excepcionales para modificar el ejercicio de las competencias respectivas del Estado y de las CCAA sin reformar los Estatutos, a través de las vías del artículo 150 CE.