La nueva ley de protección a la infancia propone, como bien reconoce el apartado segundo de la exposición de motivos del proyecto, una reforma derivada de “una profunda revisión de las instituciones del sistema de protección a la infancia” (SPI) que engloba todo el conjunto de legislación y protocolos administrativos para proteger correctamente a la infancia. El citado sistema está formado por entidades públicas de ámbito local (diputaciones, consejos insulares o cabildos) que son responsables de que los niños de su territorio se encuentren debidamente protegidos y atendidos y de que sus derechos sean respetados en todo momento. En las garantías de los derechos infantiles intervienen también la Fiscalía y los juzgados especializados en Derecho de Familia que, por tanto, forman parte del sistema.