Derecho penal y matrimonios forzados. ¿Es adecuada la actual política criminal?

Abstract

En el presente trabajo se pretende dar cuenta de la necesidad de buscar soluciones para los casos de matrimonios forzados más allá del Derecho Penal. Para ello, se presentan los principales resultados de las investigaciones empíricas que se han realizado con el fin de conocer con más detalle la realidad criminológica de este fenómeno; en concreto, sobre la tipología de víctimas y ofensores, su nacionalidad, las formas de cometer el delito y los mecanismos de delación que adoptan las víctimas. Posteriormente, se realiza una breve exposición de los mecanismos jurídicos que han sido adoptados por parte de los estados europeos según si estos son enmarcables en el derecho penal, el derecho de extranjería o el derecho civil. Finalmente, se presentan unas breves conclusiones en las que se propone una alternativa a la actual política criminalizadora en la que se pretende tener en cuenta tanto la realidad de los matrimonios forzados como las necesidades de las víctimas.

This paper aims to address the necessity to find solutions for forced marriages beyond Criminal Law. To do this, this paper presents the main results of empirical research that has been carried out in order to know in greater detail the criminological reality of this phenomenon; specifically, on the typology of victims and offenders, their nationality, the forms of committing the crime and the reporting mechanisms that victims use. Subsequently, a brief presentation is made of the legal mechanisms that have been adopted by the European States, according to whether these are criminal law, immigration law, or civil law. Finally, some brief conclusions are presented, proposing an alternative to the current criminalising policy, taking into account both the reality of forced marriages and the needs of the victims.

Este trabajo ha sido elaborado en el marco del Proyecto I+D “Trata de seres humanos y esclavitud: análisis fenomenológico y protección jurídico-penal de las víctimas” financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (RTI2018-094686-B-C21).