La entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como sus sucesivas prórrogas, han obligado a los poderes públicos a adoptar una serie de medidas excepcionales tanto en el ámbito sanitario como, por derivación, en otras esferas -económica, jurídica, laboral, social o de seguridad-, viéndose asimismo afectado el sector de la vivienda. Ya antes de sufrir esta pandemia, nos encontrábamos en un contexto general de emergencia habitacional que requería actuaciones transversales y urgentes por parte de las diferentes administraciones competentes a fin de incrementar la oferta de vivienda social y asequible, debido a la creciente vulnerabilidad económica y social existente. Dicha situación ha empeorado como consecuencia de circunstancias sobrevenidas debidas al coronavirus, lo que ha llevado a lanzar medidas específicas para el mercado de la vivienda, muy especialmente el de la vivienda en alquiler, a fin de contribuir al mantenimiento de los hogares de aquellas familias que, a priori, no formaban parte de colectivos vulnerables.
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Castellano
Vivienda; Covid 19; Ayudas al alquiler; Moratoria de la deuda arrendaticia; Contratación pública en vivienda
Revista de derecho urbanístico y medio ambiente ; Vol.54, núms. 337-338 (2020), p. 247-304
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