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Es hora de establecer un diálogo sereno, riguroso y profundo sobre un tema que, aun a veces sin saberse explícitamente, es uno de los que con toda probabilidad laten en el fondo de la sensación de insatisfacción respecto de la integración política de Catalunya en España. Y es que el pleno reconocimiento oficial, digno e igualitario, del catalán -y de las otras lenguas de los colectivos nacionales distintos- por parte de la propia Constitución española y del conjunto de las instituciones y administraciones estatales generales es una asignatura pendiente de la democracia española. Los principios actualmente vigentes, que han hecho posible la oficialización del catalán en las instituciones autonómicas y locales, se quedan cortos -al menos tal como se han aplicado hasta ahora- en hacer visible a los ciudadanos de Catalunya que las instituciones generales del Estado son también suyas, que son mantenidas también con sus impuestos y que les pertenecen, y que además acogen felizmente su diferencia lingüística para desarrollarla y darle futuro, en un clima de solidaridad y cooperación.