La competencia de los Estados europeos en materia de relaciones internacionales parece concebirse en la actualidad como una facultad omnímoda, que abraza toda responsabilidad sobre cualquier actividad con trascendencia exterior. En el caso español, esta tendencia ha supuesto un regreso a la concepción prevalente durante la etapa primaria de desarrollo constitucional, y pretende hallar cobertura en una lectura expansiva del título competencial del Estado sobre las relaciones internacionales y en las funciones sobre tratados internacionales y dirección de la política exterior conferidas constitucionalmente al Gobierno.